SAN CRISTOBAL.- Varios abogados de San Cristóbal protestaron en contra del Consejo del Poder Judicial en el Palacio de Justicia de San Cristóbal por la destitución de la jueza Regina Carvajal Vizcaino, ya que se violo el debido proceso en el juicio disciplinario.
Los abogados William Alcántara, Adanela Arias, Luis Carela, Marcos Novoa, Carlos Manuel Cruz, Ruben Carela, entre otros explicaron que los jueces del Consejo del Poder Judicial le violaron el debido proceso y dan un mal ejemplo al país con su decisión de poner en juego la independencia de la justicia.
Señalan que en la Resolución número 31/2017 del Consejo del Poder Judicial pudo comprobar que no hay evidencias ni pruebas suficientes que justifique la destitución de la magistrada, sino por el contrario en su dispositivo no hay una sola acusación en contra Regina Carvajal Vizcaíno, jueza de la Segunda Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia.
Los juristas de San Cristóbal precisan que con la decisión los jueces del Consejo se dejan manipular del empresario Celso Marranzini quien hace la acusación, cuando el debió seguir el proceso en los tribunales y no manchar la hoja de servicio de la magistrada.
Los abogados hace un llamado el Consejo del Poder Judicial para revisen esa decisión y contribuyan a fortalecer la independencia de la justicia y que los jueces sean garante de la Constitución dominicana y el respeto del debido proceso de ley.
“Queremos dar fe y testimonio de la honorabilidad y el excelente trabajo que ha desempeñado la magistrada Regina Carvajal Vizcaíno y hoy por un policía-chofer que supuestamente dijo y sin ninguna base legal ni evidencias actuar en nombre de la magistrada el Poder Judicial lo asume como valido y bueno para cancelarla” señalan en un documento entregado a la prensa.
William Alcántara apuntó que “El Consejo del Poder Judicial debe ser garante de la independencia de la justicia y por ningún concepto seguir llevando la intranquilidad y el desasosiego entre los jueces del país”
Además de que el Consejo del Poder Judicial debe estar al servicio de la seguridad jurídica en el país, garantizándoles a los jueces que puedan impartir justicia con independencia y sin ningún interés que no sea la supremacía de la Constitución dominicana
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