El Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana. Para tales fines, sometió una propuesta de resolución que asegura al Estado beneficios superiores al 40%.
El esquema financiero incluye estrictos compromisos de preservación ambiental.
Bajo ese modelo, sin precedentes desde 1992 cuando el Código Tributario introdujo cambios en la renta gravada, el Estado percibirá un total de US$224 millones durante los 7 años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo.
El valor presente de estos yacimientos se calcula en US$561 millones conforme con los precios actuales de los metales y pueden incrementarse si se identifican mayores reservas dentro del proyecto Romero.
La empresa solicitante GoldQuest, de capital canadiense y suizo, acepta retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la Ley 146-71, con lo cual establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años.
Una concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 5% de las ganancias para la Contribución Municipal dispuesta por la Ley 64-00.
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