Gobierno garantiza estabilidad y mejores servicios a empleados y afiliados IDSS







El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, aseguró que la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), ordenado por la Ley 397-19, que a su vez crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), no afectará a los empleados ni la cobertura de los servicios que los ciudadanos reciben. 



Montalvo dijo que, en lo adelante, los afiliados del IDSS tendrán mejores servicios y beneficios en las instituciones a las que serán transferidos. 



“Los pensionados pasarán al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, un sistema mucho más regular que facilita el cobro de sus pensiones y los distintos beneficios que tienen allí”, expresó el ministro. 



Los afiliados de la Aseguradora de Riesgos de Salud del IDSS Salud Segura tendrán una cobertura más amplia, con más medicamentos a su disposición y mejor atención, con su traslado al Seguro Nacional de Salud (Senasa), añadió. 



Montalvo insistió en que, por disposición de la ley, los empleados del IDSS y sus distintas dependencias están siendo reubicados en otras dependencias tomando en consideración el perfil de sus competencias, en cumplimiento de los criterios establecidos en la ley de Función Pública. 



Por su parte, el Ministerio de Hacienda asumirá los pasivos del IDSS. Para ello, se conformó una subcomisión exclusiva de esa institución para evaluar las acreencias públicas y privadas, así como la documentación de las deudas, apuntó el ministro. 


Concluyen primeros traspasos de personal y funciones. El Ministerio de la Presidencia coordina la Comisión de alto nivel, integrada por 13 instituciones. Al mes de enero, logró el traspaso de la cartera de clientes afiliados a la ARS Salud Segura al Senasa con efectividad, beneficiando a más de 18,000 asegurados. 



Asimismo, al 1 de febrero se fusionaron el Consejo Nacional de Estancias Infantiles (CONDEI) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), con la materialización de la transferencia del personal y las funciones a este último. 



El ministro también destacó que el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) avanza en este proceso “con la incorporación de las estancias infantiles del IDSS al INAIPI permitirá que aumente su cobertura con un enfoque de atención integral y de estimulación temprana”. 



También, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones realizó, conforme la ley 379-19, la readecuación de los procesos internos para administrar el autoseguro y la gerencia de pensiones disueltas como parte del IDSS, lo que permitirá que, al primero de abril 2020, los fondos del seguro de vida y discapacidad, y las pensiones por vejez en trámite, o pendientes de solicitud conforme ley 18-96, sean atendidas a través de esta entidad. 



La ley 379-19, a su vez, crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), para el cual fue designado su consejo directivo por el Ministerio de Trabajo. A ese consejo le corresponderá aprobar el reglamento de operación de esta entidad en los próximos días. 



Asimismo, partiendo de la antigua Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, el IDOPPRIL se encuentra trabajando desde inicios de este año, sin haber interrumpido sus servicios a la ciudadanía en materia de riesgos laborales. 



“No es solo administrar problemas de riesgos laborales que puedan tener los afiliados; ahora, además, se realizarán estudios de promoción y prevención de problemas de salud por temas laborales”, aclaró Montalvo. 



El ministro Montalvo resaltó que, conforme a esta normativa, la Comisión trabaja, arduamente, acompañados del Ministerio de Administración Pública, para que el traspaso administrativo y financiero de las entidades disueltas, inicie a partir del primero de marzo y garantizar el cumplimiento del plazo de la norma. 



El encuentro se realizó en el Palacio Nacional con la presencia de los ministros Juan Ariel Jiménez, de Economía, Planificación y Desarrollo; Winston Santos, de Trabajo, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. 

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